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FACTURA ELECTRONICA PDF Imprimir E-mail

2015.01.13 ( Semanal de Asintra nº 565 )

El próximo jueves, 15 de enero, la factura electrónica será obligatoria

factura-e

Las facturas emitidas a partir del próximo jueves, 15 de enero de 2015, por los proveedores de bienes y/o servicios de las administraciones públicas deberán ser electrónicas y podrán ser presentadas en el Punto General de Entrada habilitado a los efectos.

Existirá un Punto General de Entrada por cada nivel de la Administración:

  1. Estado (FACe).
  2. Comunidades Autónomas.
  3. Entidades Locales (Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos insulares, etc.).

Las Comunidades Autónomas y Entidades Locales podrán adherirse al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado (FACe).

En el pasado ejercicio, los proveedores de la Administración General del Estado (AGE) tramitaron alrededor de  dos millones de facturas. A partir del año que viene, todas deberán pasar por el FACe, al que también se están incorporando numerosas administraciones locales, regionales y autonómicas. El MINHAP ofrece la herramienta de forma gratuita.

Ámbito de aplicación

Todas las facturas emitidas en el marco de las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones públicas.

  • AA.PP.

Todas las entidades del sector público administrativo, incluidos Organismos autónomos, Universidades Públicas, Entidades de derecho público, Órganos constitucionales y Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

Quedan excluidos de la obligatoriedad las entidades públicas empresariales estatales y los organismos asimilados dependientes de las Comunidades Autónomas y Entidades locales y las sociedades mercantiles en las que más del 50% del capital social pertenezca directa o indirectamente a una administración pública.

  • Proveedores

En el ámbito de los proveedores de bienes y servicios a las AA.PP.:

  • Podrán emitir factura electrónica todos aquellos que así lo deseen.
  • Estarán obligados a la emisión de factura electrónica y a su presentación a través del punto general de entrada que corresponda,  las entidades siguientes:
  •  Sociedades anónimas,
  •  Sociedades de responsabilidad limitada,
  •  Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española,
  •  Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los términos que establece la normativa tributaria,
  •  Uniones temporales de empresas,
  •  Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de       titulización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.

Dado que no todos los proveedores de bienes y servicios de las AA.PP. están obligados a la presentación de factura electrónica, esta coexistirá con la factura en papel.

  • Exclusiones reglamentarias: las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros y a las emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior de las Administraciones Públicas hasta que dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del Punto General de Entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y hasta que los servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios.

La exclusión de la obligación de facturación electrónica de las facturas cuyo importe sea inferior a 5.000 euros y de las emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior será de aplicación a todas las facturas que haya que presentar a la Administración General del Estado.

Sin embargo, deberá ser cada CC.AA. y cada Administración Local la que decida, mediante la correspondiente regulación, si se acoge o no a dicha exclusión de obligatoriedad. De no tener lugar el desarrollo reglamentario correspondiente por parte de la Administración en cuestión, prevalece la obligatoriedad general.

Al margen de las posibles exclusiones mencionadas sobre la obligatoriedad en la emisión de factura electrónica, en el caso de que un proveedor decida remitir una factura electrónica por importe de hasta 5.000 euros, la Administración correspondiente tiene la obligación de aceptarlas, lo que asegura su inscripción en el registro contable.

FACe, el punto único de facturación

Todas las facturas que se presenten a la AGE se tramitarán únicamente a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe), una plataforma ‘online’ que permite presentar cargos ante cualquier órgano estatal y ante las múltiples administraciones regionales y locales que se están adhiriendo a este sistema.

Además del envío, la plataforma digital permite a las empresas consultar el estado de sus facturas, localizar los códigos de identificación del organismo receptor, obtener ayuda y descargar el programa informático gratuito que facilita la conexión automática con FACe.

Ventajas de la factura electrónica

La implantación de la factura electrónica ofrece claras ventajas económicas y de gestión. Por un lado, se acortan los ciclos de tramitación, incluido el cobro, y se eliminan los costes de papel, impresión y envío postal, con el consiguiente beneficio para el medio ambiente. Además, se facilita un acceso más rápido y fácil a las facturas almacenadas, se reduce de forma drástica el espacio de archivo que requiere su almacenamiento y se mejora el servicio al cliente.

Otros beneficios añadidos son que facilita la lucha contra el fraude; incluye el proceso de facturación en los sistemas informáticos empresariales, mejorando su gestión, y, sobre todo, contribuye a la modernización de la economía y el desarrollo de la sociedad de la información.

Más información:

Video tutoriales:

- See more at: http://www.asintra.org/blog/semanal/semanal-num-565/el-proximo-jueves-15-de-enero-la-factura-electronica-sera-obligatoria/#sthash.oblG1Th4.dpuf

 

 

El próximo jueves, 15 de enero, la factura electrónica será obligatoria

factura-e

Las facturas emitidas a partir del próximo jueves, 15 de enero de 2015, por los proveedores de bienes y/o servicios de las administraciones públicas deberán ser electrónicas y podrán ser presentadas en el Punto General de Entrada habilitado a los efectos.

Existirá un Punto General de Entrada por cada nivel de la Administración:

  1. Estado (FACe).
  2. Comunidades Autónomas.
  3. Entidades Locales (Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos insulares, etc.).

Las Comunidades Autónomas y Entidades Locales podrán adherirse al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado (FACe).

En el pasado ejercicio, los proveedores de la Administración General del Estado (AGE) tramitaron alrededor de  dos millones de facturas. A partir del año que viene, todas deberán pasar por el FACe, al que también se están incorporando numerosas administraciones locales, regionales y autonómicas. El MINHAP ofrece la herramienta de forma gratuita.

Ámbito de aplicación

Todas las facturas emitidas en el marco de las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones públicas.

  • AA.PP.

Todas las entidades del sector público administrativo, incluidos Organismos autónomos, Universidades Públicas, Entidades de derecho público, Órganos constitucionales y Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

Quedan excluidos de la obligatoriedad las entidades públicas empresariales estatales y los organismos asimilados dependientes de las Comunidades Autónomas y Entidades locales y las sociedades mercantiles en las que más del 50% del capital social pertenezca directa o indirectamente a una administración pública.

  • Proveedores

En el ámbito de los proveedores de bienes y servicios a las AA.PP.:

  • Podrán emitir factura electrónica todos aquellos que así lo deseen.
  • Estarán obligados a la emisión de factura electrónica y a su presentación a través del punto general de entrada que corresponda,  las entidades siguientes:
  •  Sociedades anónimas,
  •  Sociedades de responsabilidad limitada,
  •  Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española,
  •  Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los términos que establece la normativa tributaria,
  •  Uniones temporales de empresas,
  •  Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de       titulización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.

Dado que no todos los proveedores de bienes y servicios de las AA.PP. están obligados a la presentación de factura electrónica, esta coexistirá con la factura en papel.

  • Exclusiones reglamentarias: las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros y a las emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior de las Administraciones Públicas hasta que dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del Punto General de Entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y hasta que los servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios.

La exclusión de la obligación de facturación electrónica de las facturas cuyo importe sea inferior a 5.000 euros y de las emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior será de aplicación a todas las facturas que haya que presentar a la Administración General del Estado.

Sin embargo, deberá ser cada CC.AA. y cada Administración Local la que decida, mediante la correspondiente regulación, si se acoge o no a dicha exclusión de obligatoriedad. De no tener lugar el desarrollo reglamentario correspondiente por parte de la Administración en cuestión, prevalece la obligatoriedad general.

Al margen de las posibles exclusiones mencionadas sobre la obligatoriedad en la emisión de factura electrónica, en el caso de que un proveedor decida remitir una factura electrónica por importe de hasta 5.000 euros, la Administración correspondiente tiene la obligación de aceptarlas, lo que asegura su inscripción en el registro contable.

FACe, el punto único de facturación

Todas las facturas que se presenten a la AGE se tramitarán únicamente a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe), una plataforma ‘online’ que permite presentar cargos ante cualquier órgano estatal y ante las múltiples administraciones regionales y locales que se están adhiriendo a este sistema.

Además del envío, la plataforma digital permite a las empresas consultar el estado de sus facturas, localizar los códigos de identificación del organismo receptor, obtener ayuda y descargar el programa informático gratuito que facilita la conexión automática con FACe.

Ventajas de la factura electrónica

La implantación de la factura electrónica ofrece claras ventajas económicas y de gestión. Por un lado, se acortan los ciclos de tramitación, incluido el cobro, y se eliminan los costes de papel, impresión y envío postal, con el consiguiente beneficio para el medio ambiente. Además, se facilita un acceso más rápido y fácil a las facturas almacenadas, se reduce de forma drástica el espacio de archivo que requiere su almacenamiento y se mejora el servicio al cliente.

Otros beneficios añadidos son que facilita la lucha contra el fraude; incluye el proceso de facturación en los sistemas informáticos empresariales, mejorando su gestión, y, sobre todo, contribuye a la modernización de la economía y el desarrollo de la sociedad de la información.

Más información:

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El próximo jueves, 15 de enero, la factura electrónica será obligatoria

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Las facturas emitidas a partir del próximo jueves, 15 de enero de 2015, por los proveedores de bienes y/o servicios de las administraciones públicas deberán ser electrónicas y podrán ser presentadas en el Punto General de Entrada habilitado a los efectos.

Existirá un Punto General de Entrada por cada nivel de la Administración:

  1. Estado (FACe).
  2. Comunidades Autónomas.
  3. Entidades Locales (Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos insulares, etc.).

Las Comunidades Autónomas y Entidades Locales podrán adherirse al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado (FACe).

En el pasado ejercicio, los proveedores de la Administración General del Estado (AGE) tramitaron alrededor de  dos millones de facturas. A partir del año que viene, todas deberán pasar por el FACe, al que también se están incorporando numerosas administraciones locales, regionales y autonómicas. El MINHAP ofrece la herramienta de forma gratuita.

Ámbito de aplicación

Todas las facturas emitidas en el marco de las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones públicas.

  • AA.PP.

Todas las entidades del sector público administrativo, incluidos Organismos autónomos, Universidades Públicas, Entidades de derecho público, Órganos constitucionales y Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

Quedan excluidos de la obligatoriedad las entidades públicas empresariales estatales y los organismos asimilados dependientes de las Comunidades Autónomas y Entidades locales y las sociedades mercantiles en las que más del 50% del capital social pertenezca directa o indirectamente a una administración pública.

  • Proveedores

En el ámbito de los proveedores de bienes y servicios a las AA.PP.:

  • Podrán emitir factura electrónica todos aquellos que así lo deseen.
  • Estarán obligados a la emisión de factura electrónica y a su presentación a través del punto general de entrada que corresponda,  las entidades siguientes:
  •  Sociedades anónimas,
  •  Sociedades de responsabilidad limitada,
  •  Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española,
  •  Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los términos que establece la normativa tributaria,
  •  Uniones temporales de empresas,
  •  Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de       titulización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.

Dado que no todos los proveedores de bienes y servicios de las AA.PP. están obligados a la presentación de factura electrónica, esta coexistirá con la factura en papel.

  • Exclusiones reglamentarias: las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros y a las emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior de las Administraciones Públicas hasta que dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del Punto General de Entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y hasta que los servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios.

La exclusión de la obligación de facturación electrónica de las facturas cuyo importe sea inferior a 5.000 euros y de las emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior será de aplicación a todas las facturas que haya que presentar a la Administración General del Estado.

Sin embargo, deberá ser cada CC.AA. y cada Administración Local la que decida, mediante la correspondiente regulación, si se acoge o no a dicha exclusión de obligatoriedad. De no tener lugar el desarrollo reglamentario correspondiente por parte de la Administración en cuestión, prevalece la obligatoriedad general.

Al margen de las posibles exclusiones mencionadas sobre la obligatoriedad en la emisión de factura electrónica, en el caso de que un proveedor decida remitir una factura electrónica por importe de hasta 5.000 euros, la Administración correspondiente tiene la obligación de aceptarlas, lo que asegura su inscripción en el registro contable.

FACe, el punto único de facturación

Todas las facturas que se presenten a la AGE se tramitarán únicamente a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe), una plataforma ‘online’ que permite presentar cargos ante cualquier órgano estatal y ante las múltiples administraciones regionales y locales que se están adhiriendo a este sistema.

Además del envío, la plataforma digital permite a las empresas consultar el estado de sus facturas, localizar los códigos de identificación del organismo receptor, obtener ayuda y descargar el programa informático gratuito que facilita la conexión automática con FACe.

Ventajas de la factura electrónica

La implantación de la factura electrónica ofrece claras ventajas económicas y de gestión. Por un lado, se acortan los ciclos de tramitación, incluido el cobro, y se eliminan los costes de papel, impresión y envío postal, con el consiguiente beneficio para el medio ambiente. Además, se facilita un acceso más rápido y fácil a las facturas almacenadas, se reduce de forma drástica el espacio de archivo que requiere su almacenamiento y se mejora el servicio al cliente.

Otros beneficios añadidos son que facilita la lucha contra el fraude; incluye el proceso de facturación en los sistemas informáticos empresariales, mejorando su gestión, y, sobre todo, contribuye a la modernización de la economía y el desarrollo de la sociedad de la información.

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Las facturas emitidas a partir del próximo jueves, 15 de enero de 2015, por los proveedores de bienes y/o servicios de las administraciones públicas deberán ser electrónicas y podrán ser presentadas en el Punto General de Entrada habilitado a los efectos.

Existirá un Punto General de Entrada por cada nivel de la Administración:

  1. Estado (FACe).
  2. Comunidades Autónomas.
  3. Entidades Locales (Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos insulares, etc.).

Las Comunidades Autónomas y Entidades Locales podrán adherirse al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado (FACe).

En el pasado ejercicio, los proveedores de la Administración General del Estado (AGE) tramitaron alrededor de  dos millones de facturas. A partir del año que viene, todas deberán pasar por el FACe, al que también se están incorporando numerosas administraciones locales, regionales y autonómicas. El MINHAP ofrece la herramienta de forma gratuita.

Ámbito de aplicación

Todas las facturas emitidas en el marco de las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones públicas.

  • AA.PP.

Todas las entidades del sector público administrativo, incluidos Organismos autónomos, Universidades Públicas, Entidades de derecho público, Órganos constitucionales y Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

Quedan excluidos de la obligatoriedad las entidades públicas empresariales estatales y los organismos asimilados dependientes de las Comunidades Autónomas y Entidades locales y las sociedades mercantiles en las que más del 50% del capital social pertenezca directa o indirectamente a una administración pública.

  • Proveedores

En el ámbito de los proveedores de bienes y servicios a las AA.PP.:

  • Podrán emitir factura electrónica todos aquellos que así lo deseen.
  • Estarán obligados a la emisión de factura electrónica y a su presentación a través del punto general de entrada que corresponda,  las entidades siguientes:
  •  Sociedades anónimas,
  •  Sociedades de responsabilidad limitada,
  •  Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española,
  •  Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los términos que establece la normativa tributaria,
  •  Uniones temporales de empresas,
  •  Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de       titulización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.

Dado que no todos los proveedores de bienes y servicios de las AA.PP. están obligados a la presentación de factura electrónica, esta coexistirá con la factura en papel.

  • Exclusiones reglamentarias: las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros y a las emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior de las Administraciones Públicas hasta que dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del Punto General de Entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y hasta que los servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios.

La exclusión de la obligación de facturación electrónica de las facturas cuyo importe sea inferior a 5.000 euros y de las emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior será de aplicación a todas las facturas que haya que presentar a la Administración General del Estado.

Sin embargo, deberá ser cada CC.AA. y cada Administración Local la que decida, mediante la correspondiente regulación, si se acoge o no a dicha exclusión de obligatoriedad. De no tener lugar el desarrollo reglamentario correspondiente por parte de la Administración en cuestión, prevalece la obligatoriedad general.

Al margen de las posibles exclusiones mencionadas sobre la obligatoriedad en la emisión de factura electrónica, en el caso de que un proveedor decida remitir una factura electrónica por importe de hasta 5.000 euros, la Administración correspondiente tiene la obligación de aceptarlas, lo que asegura su inscripción en el registro contable.

FACe, el punto único de facturación

Todas las facturas que se presenten a la AGE se tramitarán únicamente a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe), una plataforma ‘online’ que permite presentar cargos ante cualquier órgano estatal y ante las múltiples administraciones regionales y locales que se están adhiriendo a este sistema.

Además del envío, la plataforma digital permite a las empresas consultar el estado de sus facturas, localizar los códigos de identificación del organismo receptor, obtener ayuda y descargar el programa informático gratuito que facilita la conexión automática con FACe.

Ventajas de la factura electrónica

La implantación de la factura electrónica ofrece claras ventajas económicas y de gestión. Por un lado, se acortan los ciclos de tramitación, incluido el cobro, y se eliminan los costes de papel, impresión y envío postal, con el consiguiente beneficio para el medio ambiente. Además, se facilita un acceso más rápido y fácil a las facturas almacenadas, se reduce de forma drástica el espacio de archivo que requiere su almacenamiento y se mejora el servicio al cliente.

Otros beneficios añadidos son que facilita la lucha contra el fraude; incluye el proceso de facturación en los sistemas informáticos empresariales, mejorando su gestión, y, sobre todo, contribuye a la modernización de la economía y el desarrollo de la sociedad de la información.

Más información:

Video tutoriales:

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KING LONG entrega un autocar de 39 plazas y adaptado a Benito Abalo PDF Imprimir E-mail

2014.06.18 (Revista Viajeros)

KING LONG entrega un autocar de 39 plazas y adaptado a Benito Abalo
Esta autocar versión PMRSR dispone de plataforma elevadora lateral de la marca PLS y está preparado para dar cabida hasta nueve sillas, estando especialmente acondicionado para el transporte de viajeros en silla de ruedas.

El vehículo fue entregado en la sede de la empresa Benito Abalo, situada en la localidad pontevedresa de Caldas de Reis, por Arturo Rocha, delegado comercial de la marca para la zona Noroeste. En la entrega estuvieron presentes, Benito Abalo, propietario de la compañía y Joaquin Martínez, jefe de tráfico.

La nueva unidad tiene unas dimensiones de 10 metros de largo y 2,55 de ancho. Equipa motor CUMMINS ISB 6.7 l de disposición trasera que desarrolla una potencia de 300 CV, caja de cambios ZF Astronic con intarder hidráulico, eje delantero independiente, suspensión neumática integral con control electrónico de altura (ECAS, WABCO) con funciones de elevación, descenso y arrodillamiento lateral y sistema de frenos mediante discos ventilados en ambos ejes con ABS/ASR de WABCO.
Además de las normas escolares, cuenta con muchos elementos de confort, tales como lunas dobles extratintadas, aire acondicionado con salidas individuales, calefacción con convectores, butacas reclinables y desplazables de Fainsa, reposapiés, mesitas y revisteros, luz de lectura, DVD, lector USB, micrófonos para conductor y guía, pantalla TFT retráctil motorizada, sistema de video vigilancia y retrocamara.

 
Fomento contra el transporte de viajeros en turismo particular PDF Imprimir E-mail

 

2014.06.10 ( Revista Viajeros )

Fomento contra el transporte de viajeros en turismo particular
El Ministerio de Fomento recuerda que la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) exige que las personas y empresas que realicen transportes de viajeros por cuenta ajena en vehículos de turismo mediante retribución económica se encuentren previamente autorizados por la Administración.

Ante la aparición de anuncios en los medios y redes de comunicación mediante los que diversas empresas hacen pública su intención de poner en marcha plataformas de contratación de servicios de transporte de viajeros en vehículos de turismo particulares, el Ministerio recuerda que es necesaria dicha autorización y que los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre velarán por el cumplimiento de la legislación vigente en la materia.

Esta autorización tiene por objeto, entre otros, asegurar que el servicio recibido por los usuarios reúne unas condiciones de seguridad y calidad adecuadas, circunstancias que no es posible presumir cuando el prestador del servicio no ha acreditado ante la Administración cumplir los requisitos legal y reglamentariamente exigidos para obtenerla.

La Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres establece que:

Realizar transporte de viajeros en careciendo de la preceptiva autorización supone una infracción muy grave sancionable con multa de 4.001 a 6.000 euros, que podría aumentar hasta 18.000 en caso de reiteración. La misma sanción recae sobre quienes contraten o facturen en nombre propio la prestación de servicios careciendo de autorización, aunque no los presten por sí mismos.

Quienes oferten la prestación de esos servicios sin disponer de autorización, tanto si dirigen su oferta de forma individual a un único destinatario como si la hacen pública para conocimiento general a través de cualquier medio, incurrirán en una infracción grave sancionable con multa de 801 a 1.000 euros.

También los usuarios incurren en una infracción grave sancionable con multa de 401 a 600 euros.

 

 
King Long entrega a Empresa Pereira una unidad PMR PDF Imprimir E-mail

 

2014.06.04 ( Revista Viajeros )

King Long entrega a Empresa Pereira una unidad PMR

 

El vehículo elegido es el modelo XMQ6900Y de 9 metros de longitud, que cuenta con capacidad para 35 pasajeros, más guía y conductor, en configuración standart.

Está equipado con plataforma elevadora de la marca PLS y tiene una capacidad de hasta ocho sillas de ruedas.

La cadena cinemática de este vehículo está compuesta por motor Cummins de 6.7 l que arroja una potencia de 280 cv y caja de cambios ZF de 6 velocidades. El sistema de frenos equipa discos de frenos ventilados, tanto en el eje delantero como en el trasero e incorpora los sistemas de seguridad ABS y ASR. La suspensión es neumática integral con sistema regulación electrónica (ECAS) que permite los movimientos de elevación, descanso y arrodillamiento del vehículo.

El vehículo incorpora los sistemas de seguridad más avanzados, incluyendo ABS, ASR y Cruise Control. Además está equipado con todos los extras para los pasajeros, butaca reclinable y desplazable FAINSA, modelo Gala, con desplazamiento lateral, cinturones de seguridad, reposapiés, mesitas plegables y revistero, climatizador con higienizador de las galerías, con salidas de aire individuales, calefacción por convectores, cristales dobles extratintados, parasoles eléctricos, equipo de audio/video con sintonizador de radio, DVD, CD MPR, lector USB, micrófonos para conductor y guía, monitor plegable motorizado, sistema de video vigilancia para la puerta trasera y retrocamara, sistema automático de supresión de incendios en el compartimento del motor, neumáticos MICHELIN y maleteros neumáticos.
El vehículo fue entregado por Arturo Rocha, delegado comercial de King Long para la zona Noroeste y recepcionado por el Señor Agustín Pereira.

 
¿ Cómo recuperar el "Céntimo Sanitario" PDF Imprimir E-mail

 

2014.03.17 ( Revista Viajeros )

¿Cómo recuperar el centimo sanitario?
Asintra organizó, con la colaboración de MVA Asociados, una jornada sobre los mecanismos a seguir para la recuperación del “céntimo sanitario” tras la sentencia del tribunal europeo de ilegalidad del mismo.

Es muy importante establecer una estrategia clara de reclamación para actuar de la manera más adecuada en cada caso, porque no todos los perjudicados por el cobro de este impuesto, declarado ilegal por la justicia de la UE, parten de la misma situación.


¿Quién puede reclamar y recibir la devolución?
Todas las personas físicas y empresas que hayan soportado este impuesto al comprar combustible y puedan demostrarlo documentalmente podrán optar a la reclamación.

Los más perjudicados serán las personas físicas ya que es extraño que guarden todos los tickets de compra de su gasolina. En el caso de las empresas y autónomos es difirente, al existir una contabilidad registrada.


¿Cuáles son los ejercicios que pueden reclamarse?
En realidad se puede reclamar la totalidad pagada desde 2002, pero dependerá de la vía que se habra: económico-administrativa o contencioso-administrativa.

En el primer caso, para las reclamaciones a Hacienda, a fecha de la sentencia ya habían prescrito los ejercicios anteriores a 2010, por lo tanto, sólo se podrá reclamar a la agencia tributaria la devolución de las cantidades satisfechas en concepto de céntimo sanitario desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2012, fecha en la que dejó de aplicarse dicho impuesto. En caso de devolución habría que añadir los intereses de demora.

Si se hace por la vía de lo contencioso-administrativo, la cosa es muy diferente pues estaríamos hablando de reclamar por los daños y perjuicios ocasionados a la empresa por una ley que vulnera el derecho europeo. En ese caso habría que demostrar cómo ha afectado a la economía de la compañía el desembolso del céntimo sanitario desde el año 2002. En este caso, si la sentencia es a favor del la empresa no sólo estaríamos hablando de la devolución del céntimo sanitario, sino de una indemnización en función de los daños demostrados.

¿A quién se reclama?
Por la vía judicial la reclamación sería única y se dirige al Estado como autor de la ley que ha originado los daños, pero si nos vamos a la vía tributaria habrá que tener en cuenta que en España existen 5 administraciones fiscales: el propio Estado y las cuatro provincias con régimen foral el Navarra, la Diputación de Guipuzcoa, la Diputación de Álava y la Diputación de Vizcaya. Si alguna otra Comunidad Autónoma hubiera gestionado dicho impuesto de manera independiente también habría que reclamarle a ella.


¿Cómo hacerlo?
Dependerá de cada caso, por ello es tan importante estar bien asesorado y contar con una estrategia previa. Además de las económico-administrativa o contencioso-administrativa.se puede optar por simultanear ambas para ganar tiempo para que los ejercicios reclamables al día de hoy a Hacienda no prescriban también y porque para acudir a la vía judicial hay sólo un año de margen. Es decir, si esperamos a agotar la vía económica puede ser que agote la posiblidad de recurrir por lo contencioso.

Tanto por una vía como por otra, habrá que estudiar que procedimiento es el más adecuado para cada empresa, especialmente en el caso de la reclamación tributaria.

Algunas de las posibles son la “devolución de ingresos indebidos”, pero no sería la más adecuada ya que se suele usar para puros errores contables a favor de Hacienda, la “declaración de nulidad de la autoliquidación”, que tampoco encajaría en el perfil del demandante, o la “rectificación de la autoliquidación” que sería más adecuada y por la que se puede pedir la corrección de una declaración a favor del solicitante. Una cuarta opción sería el “procedimiento ad hoc AEAT”.

¿Y si ya había reclamado?
Si con anterioridad a la sentencia europea, la empresa ha reclamado la devolución, entonces no puede volver a realizarla ahora, tendrá que esperar la respuesta.

Si alguna empresa está pendiente de resolución de su reclamación por algún ejercicio ya prescrito, la lógica del derecho indica que la setencia que llegue debería ajustarse al fallo del tribunal europeo, que no modifica la ley (en cuyo caso no habría retroactividad) sino que la declara ilegal en sí misma. Pero también debe mantenerse a la espera de notocias.

Evidentemente, sí se puede abrir mientras la vía contencioso-administrativa. Si se hizo con anterioridad, también deberá esperar respuesta.


A tener en cuenta
Al igual que en su momento el céntimo sanitario se declaró como un gasto para la empresa, su devolución supondrá un ingreso para ésta y por tanto deberá satisfacerse a las arcas públicas la parte correspondiente de impuestos aplicables sobre es cantidad para el ejercicio en el que se produzca.

La vía contencioso-administrativa tiene un coste añadido a las tasas judiciales, las costas.

¿Cuánto tiempo puede suponer el proceso?
En realidad no se sabe. Si la media para resolver este tipo de procesos suele ser de 2 años, al sumarse tantos casos como se espera aumentará el tiempo de espera.

Habrá que armarse de paciencia.

 
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